miércoles, 22 de noviembre de 2017

El INTERROGATORIO EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO

TÉCNICAS DE JUICIO ORAL

El interrogatorio es la oportunidad de lograr un testimonio creíble, adaptado a las necesidades que presentamos en nuestra teoría del caso, con el fin de que pueda ser de buen recibo por el juez. Es visible en una serie de preguntas abiertas, entre las que se ubican aquellas cardinales del “qué”, “cómo”, “cuándo”, por qué”, “dónde”, “nárrenos”, “cuéntenos”, “descríbanos”, “explíquenos”, entre otras, mismas que garanticen la independencia y autonomía del declarante en sus respuestas, destinadas a corroborar lo esbozado desde la alegación inicial. Villegas Arango sostiene sobre el mismo que:

Por: AMALIA SCARPETTA NARANJO

Egresada de la Facultad de derecho de la Universidad Católica de Colombia, sede Bogotá D.C. Ha cursado la totalidad de las materias del pensum exigido por la facultad para obtener el título de abogada. Actualmente se encuentra trabajando en asistencia jurídica para la oficina de ABOGADOS “LIZCANO & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S”.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

Contenido:

Resumen

INTRODUCCIÓN:

1.-       GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

2.-       JUICIO ORAL. ¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE JUICIO ORAL?

2.1.-    Práctica de la Prueba. Examinación.

2.2.-    Interrogatorio Directo.

2.3.-    Contrainterrogatorio.

2.4.-    Redirecto - Recontradirecto.

2.5.-    Objeciones – Oposiciones.

3.-       Conclusiones

Bibliografía

Resumen

La puesta en vigencia del denominado “sistema acusatorio” en el ordenamiento jurídico patrio, trajo consigo profundas modificaciones en lo procesal penal. Entre ellas, otra manera de probar con arreglo a una nueva redefinición de roles en los que compete ahora a los dos adversarios (Fiscalía y Defensa), construir y llevar por completo la verdad al juzgador, quien carece en consecuencia de iniciativa probatoria. Cobran en por tanto especial importancia dentro de esa nueva tarea de probar, las llamadas “técnicas de juicio oral”, las cuales se constituyen en la herramienta legalmente diseñada para la obtención de la verdad a través de las mismas.

Entender entonces cómo debe ser el adecuado entendimiento, uso y desarrollo de las nuevas prácticas probatorias en la actualidad, aquellas que además de todo tienen su exclusivo escenario dentro del juicio oral, constituye un tópico de estudio de suma importancia, pues obligado resulta en adelante tener claro qué son éstas y para qué sirven, cuál su adecuado manejo, pues de allí se desprende la verdad que se espera sea reconocida por el juez, una vez sea allegado el material probatorio respectivo por cada cual de las partes.

Constituye entonces el objeto del presente artículo sentar a continuación unas reflexiones críticas sobre ellas, no sin dejar de advertir que hemos percibido que existe un cierto menosprecio por el reconocimiento de las mismas por considerarlas aspecto casi meramente formal y subalterno de la prueba, lo que sobre el hecho ha desembocado en un mal uso en los estrados de éstas, situación que a su vez en ultimas consolida un grave error, dado que una tal mala praxis podría conducir a un juicio fallido, en la medida en que no alcanza niveles de realidad la verdad judicial que se proclama a su finalización.

Palabras Clave: Sistema penal acusatorio, juicio oral, redefinición de roles procesales, iniciativa probatoria de las partes, técnicas de examinación, Interrogatorio directo, re-directo, cruzado y recruzado, régimen de objeciones.

INTRODUCCIÓN:

Para hablar de técnicas de juicio oral en el marco del nuevo sistema penal acusatorio establecido por la ley 906 del 2004, es necesario hacer contexto sobre la entrada en vigencia de este nuevo código que ha significado grandes cambios a la justicia penal. Este sistema fue estructurado sobre la base del acto legislativo 03 del 2002, el cual reformó los artículos 250 y 251 de la Constitución Nacional para el efecto. Es así como esta reforma constitucional evidenciaba la decadencia de la ley 600 del 2000, la cual se caracterizaba por auspiciar un sistema procesal con rasgos inquisitivos y reglas acusatorias, de allí que se le denominara “sistema mixto”.

Estructurado sobre dos etapas, la primera de las cuales reconocida como una fase de la instrucción destinada a la actividad de la investigación y de la formación de la prueba, facultad en cabeza del fiscal, quien actuaba por iniciativa propia con el objetivo de lograr establecer la verdad material, real o verdadera, cometido qu e se efectuaba bajo las reglas de reserva y secreto investigativo, dentro del cual si bien no se impedía a los otros sujetos procesales participar, si se relegaba al investigado y a su defensor a una plano secundario en la búsqueda de dicha verdad, en tanto que la segunda etapa a cargo del juez, caracterizaba por la apropiación de reglas que eran aplicadas en el juicio, el cual ostentaba algún carácter público y oral, esto, dependiendo del resultado que obtenía el fi scal en la fase de instrucción, es decir, si tras de concluida su investigación profería o no resolución de acusación, dando paso al proceso a su segunda etapa de juicio o causa ante el juez, o por el contrario, si dictaba la resolución de preclusión de la investigación, por lo que el proceso ahí concluía y una vez en firme, haciendo tránsito a cosa juzgada, pasaba para su archivo.

Es muy importante tener en cuenta que el fiscal del sistema mixto afectaba garantías, lo cual significa que dictaba detenciones, embargos, podía perturbar intimidad, correspondencia, domicilio, con los actos de investigación que realizaba, pero con la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio, por ser éste un sistema de partes, el fiscal alineado como tal, tiene que ir a un juez de control de garantías para pedir la afectación de las garantías de las personas.

Pero además de una redefinición de los roles procesales, como en el caso del fiscal que viene de verse, muchos otros fueron los cambios importantes y significativos de un sistema a otro, alguno de los cuales mencionaré para poder entender la real variación ocurrida entre uno y otro de dichos sistemas: se adopta la oralidad como herramienta de la actuación, la publicidad de los actos procesales, la inmediación como principio de la misma, y se es -al decir de algunos- más garantista con el procesado, cobra auge la publicidad -esto quiere decir que la actuación procesal se realiza y está a la vista de la comunidad, la que puede estar al tanto no solo del desenvolvimiento del proceso penal sino lo que es más, de sus resultas, ejerciendo así una suerte de control.

Entre las modificaciones sustanciales que también trajo consigo la ley 906 de 2004, fue la construcción de la verdad por las partes al juez, pues en ellas reside ahora toda la iniciativa probatoria, la cual pierde por completo el juez. Como consecuencia de lo anterior, se visualiza desde ahí la importancia de las llamadas técnicas de juicio oral, pues son el medio por el cual se le va a probar al juez, con apego de la lealtad, a la lógica y a los cánones de la contradicción, celeridad, inmediación, cuál es la verdad que debe declarar procesalmente.

Esa verdad, presentada al juzgador mediante los medios probatorios idóneos, sean pericias, testimonios, pruebas materiales u otros, cuando se encuentran en medio de una buena y convincente teoría del caso es la que permitirá al juez poder establecer la verdad judicial más apropiada para el caso. Así se tiene que de no usarse bien estas y otras técnicas de juicio oral, el proceso caerá en una conclusión que se aleje cada vez más de la verdad esperada.

En razón a lo anterior, el presente artículo intenta dar cuenta de cómo se da la aplicación de las técnicas de juicio oral en las diligencias penales, de manera específica en lo relacionado con los interrogatorios, pues desde ya se advierte que las mismas están siendo mal o subutilizadas, causando así errores en los procesos por generar una terminación no acorde a los cánones de justicia, por la imposibilidad de llegar a la verdad.

Con el fin de dar curso a lo anteriormente esbozado, en primera medida se hará un estudio de contextualización acerca del sistema penal acusatorio en Colombia, así mismo un esbozo rápido de sus generalidades. Acto seguido, pasaremos a hacer una referencia acerca de las técnicas propias de juicio oral, sus reglas, fines, principios y su utilidad. Por último, haremos una serie de apreciaciones alrededor de la real aplicación de las técnicas de juicio oral, con el fin de poder concluir que éstas están siendo subutilizadas o siendo materia de una mala praxis, causando problemas en los mismos procesos.

1.- GENERALIDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

Más allá de las generalidades propias del Sistema Penal Acusatorio y que fueron trazadas en la introducción, hay que entender que el mismo funciona en la misma medida que sus propios postulados lo definen. Ferrajolí explica que los mismos principios se definen unos como orgánicos y otros como procesales, siendo los primeros aquellos que definen el rol de juez y las otras partes procesales y los segundos frente a la forma en la que se da el juicio, pues determinan como se recolectan las pruebas, al ejercicio de la defensa y al convencimiento del juez (Ferrajoli, 1995), pudiendo entender así, desde la misma comprensión de estos fundamentos, la importancia intrínseca que tienen las buenas técnicas de juicio oral.

En estos orgánicos, podemos encontrar uno de los postulados más importantes de esta nueva forma de llevar las diligencias penales, conocido como el principio acusatorio, según el cual –presuponiendo una separación entre las funciones de juzgamiento, acusación y defensa dentro del proceso, las cuales se encarnan en órganos diferentes e independientes entre sí(en lo que se envuelve un modelo adversarial o de partes)- precisa de una acusación formal para desencadenar la actuación procesal propiamente tal, una de cuyas máximas es aquella de que “el que acusa prueba” en lo que descansa la carga de la prueba en cabeza del ente acusador. El mismo ha quedado definido por la Corte Constitucional de la siguiente manera:

En lo que atañe a las partes e intervinientes en el proceso, es preciso indicar que se siguió el principio acusatorio o „nemo iudex sine actore‟, según el cual existe una clara separación de funciones entre el órgano que acusa y aquel que juzga (Sentencia C-591, 2005)

Por otra parte, y entendiendo que la facultad probatoria reside en las partes, y que el juez ahora sea convertido en el valorador de las pruebas allegadas, se obliga al mismo a examinar ésta bajo serios espectros de imparcialidad y objetividad, pues son fiscal y acusado-defensor, los encargados de la recopilación del material probatorio idóneo que llevará al juez a la verdad.

Al respecto, nuevamente la Corte constitucional ha entendido al respecto que:

En otras palabras, a pesar de que es cierto que la actividad probatoria del juez no genera, por sí misma, una relación directa del juez con las partes o un interés o compromiso concreto con el resultado del proceso (imparcialidad subjetiva), también lo es que el hecho de adelantar la investigación de lo ocurrido y de analizar de cerca las consecuencias fácticas del delito, sí puede producir un prejuzgamiento o una postura anticipada que debe evitarse (imparcialidad objetiva)(Sentencia C-396, 2007)

Esa imparcialidad decretada para el juez a la hora de examinar la labor probatoria ejercida por las partes en medio del proceso penal, genera dos situaciones: la primera, que sea el juez responsable de fallar el caso, el que efectivamente lo deba conocer, fundamento conocido como de juez natural, y que precisamente lo atienda cuidando la responsabilidad que tal dignidad tiene intrínseca, conocido como principio de responsabilidad del juez, que de no ser respetado, constituyen una violación clara al debido proceso y al derecho de defensa (Barreto Ardila, 2004, págs. 105-119)

Lo anterior, denota inmediatamente que efectivamente el juez cambia o refine su rol, pasando a ser el conocedor de las diferentes versiones de los hechos presentadas por las partes, dadas desde la teoría del caso hasta la práctica probatoria, dándole únicamente la responsabilidad al juez de determinar y valorar adecuadamente lo presentado por las partes, que al tiempo también cambian de rol, limitando a estas a un proceso adversarial, que se puede resumir a quien presente el caso más sólido –en relato y pruebas- con la suficiente técnica probatoria, es quien fue realmente capaz de llevar una verdad convincente al juez.

Por otra parte, entendiendo que los principios en comento son aquellos clasificados como orgánicos, vale la pena hacer un estudio rápido sobre los procesales, para poder entender el juicio y sus diferentes etapas y roles procesales.

Sobre los mismos, basta decir que son aquellos que dan garantías procesales a sus protagonistas, es decir que en estos se pueden encontrar principios como el de defensa, legalidad, celeridad, presunción de inocencia, no autoincriminación, concentración, contradicción, inmediación de la prueba, publicidad, oralidad entre otros, los cuales describen de forma más que exacta las generalidades del proceso oral penal actual.

Ahora bien, como se nota en esa muy breve enunciación de principios procesales, se denota la importancia que tienen allí los relacionados con las prácticas de las pruebas, pues surge claro que las mismas han de ser públicas, presentadas y recopiladas de forma correcta, además de que pueden ser controvertidas por las partes interesadas en ellas.

Sobre los mismos, vale la pena examinar rápidamente algunos, el de oralidad, publicidad y celeridad. El profesor Castro entiende el primero diciendo:

Por otro lado, por aplicación del principio de oralidad, debe entenderse que los antecedentes acumulados en el procedimiento penal relevantes para el juicio deben exponerse verbalmente en la etapa preliminar, de manera que la sentencia sólo pueda fundarse en aquello que el tribunal ha escuchado, visto, en fin, percibido a través de la exposición oral que los distintos comparecientes h an efectuado en el proceso que materialmente se lleva a cabo en una audiencia pública.

Por el contrario, la máxima de escrituración implica que todos los antecedentes acumulados en el procedimiento, con el pretexto de encuesta, se acompañan por escrito y se hacen constar cronológicamente en un expediente que luego es examinado por el tribunal para sentenciar. (CASTRO JOFRÉ, 2005, pág. 343)

Así pues, quizá este principio da sustento a todo lo demás, pues es el que da garantía a las partes que podrán actuar del modo en que ellos sientan que deban llevar las pruebas al frente del juez, así como contradecir las presentadas por la contra parte. Ese principio de oralidad implica que precisamente que debe existir publicidad y celeridad en el juicio, pues al ser orales las audiencias, y allí mismo presentado el material probatorio, cualquiera que este sea, se hace público el mismo, además de que dichos procesos se encuentra efectivamente abiertos a la inspección ciudadana, al tiempo que es un proceso que asume celeridad, pues la misma practica probatoria se hace en audiencia y se controvierte en aquella ocasión, haciendo que dicho proceso se termine en un tiempo razonable, haciendo de estos proceso, en el ideal, uno de calidad. (Hernández García, 2012, pág. 165).

En ese entendido, debemos entender el principio de publicidad como aquel que, según la misma ley 904 es:

El juez en este sistema, debe verificar que este principio se materialice, que no se impida a la población la entrada a las salas de audiencia. Pues como dice VELEZ MARICONDE, «exige que todos los funcionarios públicos sean responsables ante el pueblo soberano a quien representan, y esa responsabilidad no puede hacerse efectiva, en toda su extensión, si sus actos no se realizan, por lo general, públicamente». Las excepciones este principio, las constituyen las limitaciones de espacio de la sala de audiencias cuando acude un número mayor que el que se tiene previsto, caso que se da cuando se llega a plantear una causa que tiene una gran repercusión social. (Santa Ana, 2014, págs. 40-)

Examinados entonces algunos de los principios orgánicos y procesales, ya se puede ver la importancia que tienen las técnicas de juicio oral, pues como hemos dicho ya, son estas, en virtud de aquellos principios, las que permiten poder llevar un juicio que respete aquellas garantías máximas definidas en la ley y en la constitución. El buen uso entonces de aquellas técnicas que a continuación pasaremos a estudiar, son la efectiva garantía de un buen término para el proceso.

2.- JUICIO ORAL. ¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE JUICIO ORAL?

De manera previa a tratar la cuestión propuesta, es necesario tener en cuenta que dos son los escenarios que proponen los modelos acusatorios para la resolución de los conflictos penales. El primero, en seguimiento del planteamiento del pragmatismo jurídico según el cual en términos generales lo útil, lo conveniente, lo práctico, se equipara con lo cierto, con lo verdadero, con lo acertado, que identificaremos como el de la NEGOCIACIÓN, comprensivo de todas aquellas figuras del derecho penal tales como los allanamientos, los acuerdos y preacuerdos, y por separado del denominado principio de oportunidad, en virtud de la cual se busca en aras de la celeridad, eficacia y eficiencia de la administración de justicia, buscar la rápida solución del proceso. El segundo, refiere justamente al JUICIO ORAL, espacio procesal reservado para la litigación en aquellos caso en que el procesado sostiene su inocencia, siendo este el escenario para la constatación y demostración de aquella.

Pero en adición a todo lo anterior, cabe añadir para destacar aún más la importancia de la audiencia de juicio oral como la diligencia más emblemática y trascendente del nuevo modelo procesal de corte acusatorio, que a diferencia del pasado en el que las pruebas y las verdades procesales se iban obteniendo, practicando y acumulando a lo largo del proceso, ahora bajo el nuevo proceso estas van a tener lugar en un solo momento: justamente en la mentada audiencia de juicio oral, en la que de manera concentrada y en un solo acto procesal va a tener lugar la actividad de alegación de las partes, la demostración probatoria también de su mano de su mano, y la faceta decisoria, obviamente a cargo del juez. De ahí que se hable ahora de la “Teoría del caso”, expresión americana afortunada a nuestros ojos, pues al no haber verdades consolidadas hasta ese punto, cada cual de las partes no llega sino con su particular concepción acerca de los hechos penalmente relevantes, de las pruebas para demostrar los mismos, y de la consecuencia que en derecho corresponda. Esto sirve entonces para poner más en realce la importancia de las técnicas, habida cuenta que es el juicio oral su escenario natural donde se espera el cabal ejercicio de ellas para el logro de la verdad postulada por cada quien de las partes.

Ahora sí ocupémonos de dar respuesta a la cuestión atrás planteada: qué son las técnicas de juicio oral? Enmarcadas dentro de los fundamentos constitucionales y los principios que regulan la prueba, con consagración legal en algunas disposiciones procesales que más adelante se singularizarán, podemos entender aquellas como el conjunto de habilidades y destrezas que permiten organizar la actividad probatoria de cada cual de las partes desde la oralidad, con el propósito de producir y llevar ante el fallador la mayor cantidad de información de calidad, analizarla y depurarla, para que la misma llegue clara y limpia al juez.

Como bien fue señalado, la instauración de este nuevo sistema trajo consigo una nueva practica probatoria, y se aprecia con ello un avance considerable en esta materia entre lo traído por la ley 600 de 2000, contraída ésta a lo referido en los artículos 276 y 277, los cuales apenas reseñan lo relativo a la práctica del interrogatorio y a los criterios de apreciación del testimonio. Amén de los arts 249 y siguientes, que tratan análogamente lo relacionado con la prueba pericial y 259 en adelante, en cuanto a la prueba documental.

De manera más prolija en nuestro concepto, en la ley 906 de 2004 se dedica todo el capítulo tercero a la práctica de la prueba y a la presentación del caso, o teoría del caso. En dicho acápite, se encuentran disposiciones como las de las excepciones de rendir testimonio, las reglas propias del interrogatorio, del contrainterrogatorio, y otras tantas que ocupan los artículos 383 al 404 de dicha ley. Igualmente las referidas a la prueba pericial, del 405 al 423 o de la documental, del 424 al 434. Dicho esto, salta a la vista la introducción de toda una nueva forma probatoria, totalmente reglada que vuelca la atención ya no solo en la valoración de la pruebas, sino también en su obtención, producción y allegamiento.

Así las cosas, pareciera que podemos definir las técnicas de juicio oral como aquellos medios idóneos que posibilitan a una y otra parte inmersa en el proceso penal, llevar una versión de los hechos al juez, debidamente sustentada y depurada, que le permitirá a este llegar a la verdad esperada.

Esa situación se puede definir así:

En un sistema entre partes, en el que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho de la norma que invoca y donde la decisión del juez sólo puede estar basada en la prueba que en forma oral se practica o introduce en la audiencia, es necesario que el abogado desarrolle las habilidades y destrezas necesarias para persuadir al juez de que es su pretensión, y no la de la contraparte, la que debe acoger. (COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO, 2005)

Pero más allá de ello, se tiene que toda la actuación en medio del juicio oral debe ser altamente técnica pues:

Se dice que es una actuación técnica, por cuanto las acciones que realizan los sujetos procesales están ceñidas a pautas que perfeccionan sus intervenciones; cada uno de estos actos tiene sus propias técnicas y con un buen manejo de éstas se logra presentar al juez una teoría del caso perfectamente relacionada con las pruebas, acopladas a un alegato de conclusión que lleva al juez al convencimiento, más allá de toda duda razonable, sobre la responsabilidad penal o no del acusado. (Cortés Velasco, 2012)

Así, es entendible aquel auge en la doctrina penal que tienen las técnicas del juicio oral, pues sin la adecuada técnica, no se presenta un juicio en buenos términos. Es decir, si las partes no tienen la debida técnica, el índice de fracaso en su empresa judicial, es mucho más alto, visto que no cuentan con los debidos medios para llevar al convencimiento del juez a buen punto. Así las cosas y siguiendo el orden mismo del proceso, pasaremos a examinar las técnicas de juicio oral.

2.1.- Práctica de la Prueba. Examinación.

Sin perjuicio de la libertad de medios probatorios establecida como principio rector (Cfr. Art. 373 C.P.P.), y de la declaración traída por el art. 382 del mismo texto legal sobre los medios de conocimiento entre los cuales se enlista la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico, es indiscutible que es sobre las dos primeras (prueba testimonial y pericial), sobre las cuales descansa en la mayoría de los juicios la demostración de los hechos ilícitos y las responsabilidades penales consiguientes, por ser aquellas las que más y mejor se avienen con la naturaleza oral de éste, con su celeridad y de manera especial con la inmediación. En rigor, se supone que mediante estos dos medios probatorios por separado aludidos, se tiene que estar en capacidad de informar, transmitir y recrear los hechos materia de proceso al fallador. En consecuencia, otros medios, por caso la prueba de inspección, resulta verdaderamente excepcional, solo para eventos en que resulte imposible autenticar en audiencia elementos materiales probatorios y evidencia física o demostrativa de “la manera cómo ocurrieron los hechos objeto del juzgamiento”, a voces del art. 435 ejusdem.

Lo anterior sirve para poner en realce la importancia que debe reconocerse en la examinación del testimonio y el peritazgo, la cual se clasifica en la doctrina como la examinación directa (direct examination), cruzada (cross examination), re- directa (redirect examination), o recruzada (recross examination). A términos de nuestra codificación, se denomina interrogatorio directo, interrogatorio cruzado o contrainterrogatorio, redirecto o segundo directo, y recruzado o segundo contrainterrogatorio, en su mismo orden.

2.2.- Interrogatorio Directo.

El primer inciso del artículo 383 de la ley 906 de 2004, dice que:

Artículo 383. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Así mismo, el artículo 392 nos dice que:

Artículo 392. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:

a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos; b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa; c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo; d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las demás partes el examen de los mismos; e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas.

Así pues, entendemos que ese interrogatorio es la oportunidad de lograr un testimonio creíble, adaptado a las necesidades que presentamos en nuestra teoría del caso, con el fin de que pueda ser de buen recibo por el juez. Es visible en una serie de preguntas abiertas, entre las que se ubican aquellas cardinales del “qué”, “cómo”, “cuándo”, por qué”, “dónde”, “nárrenos”, “cuéntenos”, “descríbanos”, “explíquenos”, entre otras, mismas que garanticen la independencia y autonomía del declarante en sus respuestas, destinadas a corroborar lo esbozado desde la alegación inicial. Villegas Arango sostiene sobre el mismo que:

Es el examen realizado a un testigo que se ha solicitado en audiencia preparatoria, con el fin de que su declaración sirva para el esclarecimiento de los hechos. El interrogatorio puede ser realizado bien por la fiscalía o bien por la defensa, lo que debe tenerse en cuenta es cuál de las partes lo solicitó para darle a ella la oportunidad de interrogar al testigo. Lo más importante en un interrogatorio directo, es tener claro el objetivo perseguido con la declaración del testigo, de tal forma, que su testimonio sea claro, entendible y de fácil recordación para el juez. (Villegas Arango, 2008)

Si bien se afirma por el autor, siguiendo en ello la disposición legal traída por el art. 391 C.P.P. en su inciso primero, que se interrogará en directo al declarante por la “parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba”, en lo cual se sigue en ello la vieja clasificación de Jeremías Bentham en razón de la cual se presume que el testigo ubicado por la parte es colaborativo con sus intereses procesales, a causa de lo cual se le supone afecto a los mismos, la experiencia ha demostrado que en más de una ocasión un testigo es ubicado y solicitado ante el estrado judicial tanto por la fiscalía como por la defensa, quebrando así un tanto dicha generalización.

Nos atrevemos a pensar en consecuencia, que se impone una redefi nición, por lo que proponemos que se afirme que en directo se examina al declarante cuyo compromiso procesal será la de aportar, la de recrear, la de llevar al conocimiento del juez, la verdad que fuera percibida por sus sentidos (vista, oídos, tacto, olfa to, gusto). Esa, que constituye su única pero muy importante misión, va a ser generativa por ejemplo de la prohibición de que por él mismo se permita hacer lucubraciones, hipótesis o emitir opiniones, ya que las mismas se corresponden con su mera subjetividad y al declarante, como queda dicho, se le solicita es la información objetiva de los hechos por él observados. Dígase adicionalmente, que esta misma circunstancia, impone que sea el testigo y solamente éste, quien aporte la verdad al juez. Ello explica en consecuencia, la razón por la cual el interrogatorio directo soporta un régimen de objeciones (oposiciones en palabras del código), bastante amplio y severo, entre las que calan todas aquellas en las

que el interrogador incida, influya en la respuesta, ya que en este evento, será éste y no el declarante, quien refiera e introduzca los hechos, (es el caso de las preguntas sugestivas, las capciosas, las argumentativas, las conclusivas, sobre las cuales volveremos).

Frente a ésta técnica de examinación directa por parte de fiscales y defensores en medio del juicio oral, se dice estadísticamente que “La investigación muestra que el 72% de los fiscales sí aplica la técnica en el interrogatorio, en tanto que la defensa lo hace en un 54%. En cuanto a la estructura del interrogatorio, la fiscalía aplica la técnica en un 72% y la defensa en un 65%” (Cortés Velasco, 2012)

2.3.- Contrainterrogatorio.

Como se anticipó, ese testigo citado pasa por ser interrogado por el primer interesado en su testimonio, pues es quien inicialmente lo ha preparado para conducir debidamente el caso que con anterioridad ha conocido y por el cual ha sido citado y puesto en interrogatorio en el turno que lo disponga el interesado.

Sin embargo, lo que determina dicha examinación subsiguiente y le da su naturaleza jurídica, es su carácter contradictorio, como que se trata es de confrontar la información suministrada por el declarante en el ejercicio directo, con el fin de “refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado”, a voces del propio estatuto procedimental, vale decir, en desarrollo claro del principio de contradicción, depurar, anular, minar la credibilidad y/o la información incorporada por el declarante, aplicándole al decir de algunos doctrinantes, “un test de credibilidad” a lo testimoniado. De ahí le vienen sus denominaciones de examinación cruzada, contra examinación, o contrainterrogatorio, entre otras. Pero el reconocimiento de esta naturaleza jurídica, conlleva la aceptación de ciertas consecuencias lógicas y el establecimiento de específicas técnicas para el efecto.

La primera de ellas, por ejemplo, en acatamiento y respeto del mismo principio de contradicción, brota de aceptar que la contraparte tiene el derecho de hacer un interrogatorio al testigo con el fin de dar luces al juez acerca de la veracidad de lo dicho por el testigo. Pero entiéndase bien entonces, que dicho contrainterrogatorio solo puede versar sobre las preguntas (temas en realidad) que fueron abordados en directo por el testigo.

Y en seguimiento de esa misma propuesta lógica nacida del reconocimiento del derecho a la contradicción, bien puede añadirse que en relación con los demás interrogatorios, cabe igual afirmación, esto es, que cada cual de ell os (redirecto, recruzado), deben ceñirse a su inmediato anterior, cuyos temas en cada cual tratados, le da los límites al siguiente. Por ésta virtud, se garantiza entonces, no solo la contradicción, sino la posibilidad de ahondar y profundizar en temas puntuales ya abordados, pero en aras de la refutación. Salirse o desbordar ese marco así trazado, se va a constituir en un motivo exacto de objeción (oposición).

Por la anterior virtud, es que la mencionada ley, en su artículo 391, en su segundo inciso, dispone lo siguiente: “En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo”.

Así mismo, el artículo 393, del mismo cuerpo legal en cita, habla de que el contrainterrogatorio debe respetar las siguientes reglas:

Artículo 393. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:

a) La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado;

b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral.

El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores

Siguiendo el anterior lineamiento, el profesor Manuel Restrepo entiende, posición que compartimos, que la finalidad del contrainterrogatorio es:

Acentuar y enfatizar los defectos del testigo y de su testimonio, con el fin de disminuir la importancia de la declaración perjudicial a los intereses de la parte que representa, a través de información obtenida del propio testigo sobre su interés en el caso, los beneficios que recibirá a cambio de su testimonio, sus perjuicios a favor o en contra del acusado, información indicativa de su tendencia a mentir y las dificultades o la imposibilidad de observación de los hechos sobre los cuales está declarando. (Restrepo, 2005)

Así, pareciera que para que dicho contrainterrogatorio pueda tener los efectos que se espera del mismo, la forma de ejecutarlo debe permitir que sean evidentes las contradicciones o falencias en el testigo, mediante la formulación de preguntas sugestivas y asertivas.

Y aflora de lo anterior una técnica para llevar a cabo el contraexamen, toda vez en que ese ejercicio, a cumplir con el declarante presentado y examinado por el contradictor, se reconoce su condición de “testigo hostil”, esto es, aquella persona que no está dispuesta a hacer el más mínimo reconocimiento en favor de la parte en cuyo desmedro procesal intervino, salvo los límites últimos que le imponen la gravedad del juramento prestado. Y como aquí no se trata ya de introducir información sino de confrontarla, se acepta para el efecto el uso de preguntas cerradas, asertivas, e incluso sugestivas, cuya respuesta de su parte no se pueda salir de un “si” o un “no”, situación de la cual aflora un control por parte del que interroga. No sin razón se afirma figurativamente por algunos doctrinantes, que el contrainterrogatorio en últimas no es sino poner en boca del interrogado aspectos de la teoría del caso de quien interroga, a fin de que éste –con el límite de la verdad- se la corrobore o infirme, total o parcialmente.

Consecuencia de lo que viene de afirmarse, es el que NO SE DEBEN HACER EN EL CRUZADO PREGUNTAS CUYA RESPUESTA NO SE CONOZCA, o al menos se presuma su respuesta con alta probabilidad, (en lo cual se reconoce una técnica del contrainterrogatorio), ya que no se intenta conocer nueva información sino confrontar aquella que tenemos y que conocemos de antemano, obligando al declarante a indicar en su respuesta aquello que resulta favorable para los intereses procesales a cargo. Desconocer esto último, abre la brecha a respuestas insospechadas que pueden ser altamente nocivas para el interrogador, con la consiguiente pérdida del poder que la situación demanda para éste.

Es de tener también muy en cuenta, que este tipo de examinación en comento, es absolutamente FOCALIZADA, vale decir, dirigida a los aspectos más vulnerables de la declaración ofrecida por el deponente, o hacia su condición de tal, lo cual descarta que ella se haga con la totalidad de la declaración rendida. No en vano se advierte como un error de técnica, ocuparse de ella en su integridad, lo que no conduce a nada distinto a “repetir el directo”, contra lo cual no cesan de alertan los doctrinantes, pues es algo sin oficio ni beneficio.

De otro lado, (y es también parte de la técnica de ésta examinación cruzada), el que AL DECLARANTE NO SE LE PUEDE DEJAR EXPLICAR. Y no se trata ello de un acto de irrespeto o de mala educación en su contra por el interrogador, (como en algunos estrados judiciales se ha llegado a considerar), sino que si esto se le permite, se desvirtúa por completo su ejercicio haciéndolo nugatorio y al punto me explico. Si, como antes se apuntara, el objetivo de éste tipo de examinación es confrontar, desvirtuar la información introducida en el examen directo del testigo, pues de una manera lógica a ella nos atenemos y solo a ella como límite de la contradicción, según también dijimos. Este esquema se quebranta gravemente, cuando ante la incomodidad que genera el contrainterrogatorio y en la búsqueda de una salida, se le permite explicar al deponente, porque en este caso se le está facultando, por fuera de su oportunidad legal, aportar nueva información, la que si se asiente, implicaría una nueva confrontación y así sucesivamente una y otra vez en una cadena sin fin, apta para desfigurar por completo el esquema del debido proceso.

Y si en el examen en directo deben hacerse solo preguntas abiertas, es el caso insistir que en el cruzado o contraexamen, y esto se corresponde así mismo con una técnica de examinación, mal pueden hacerse aquellas y solo permitirse por absoluta excepción. Esto, en palabras del profesor T. MAUET, se advierte de la siguiente manera:

Los testigos hostiles siempre están buscando una entrada para escabullirse con una respuesta dañina. Preguntas que piden un “cómo”, o “por qué”, o que extraen explicaciones de cualquier clase invitan al desastre. Es mejor evitar completamente esa clase de preguntas. (2011)

Y es innegable que cunde el quebranto de la anterior máxima en los estrados judiciales junto con otras más de las ya descritas, mala praxis que sobre el contrainterrogatorio en estos y otros aspectos, ha sido atinadamente descrita por el profesor Víctor Hugo Ospina cuando comenta al respecto que:

Uno de los momentos cumbre son los contrainterrogatorios de los testigos, pero, de modo reprochable, por desconocimiento de su propósito y alcance, en las siguientes circunstancias son realizados erradamente o limitados sin fundamentos: i) cuando al plantear preguntas sugestivas se avala una oposición, al considerar que con ellas se busca confundir o maltratar al testigo, ignorando que son propias de la técnica del contraexamen; ii) el contrainterrogador, en su turno, simplemente convierte las preguntas abiertas del interrogatorio en sugestivas; iii)se declaran fundadas a las objeciones pro preguntas repetitivas, en el evento en que el litigante tome aspectos del interrogatorio para iniciar las líneas del contrainterrogatorio; iv) aprobar oposiciones, si el abogado –conocedor del objetivo que persigue- formula preguntas abiertas; v) se confunde los conceptos “temas” y “preguntas” del interrogatorio directo; vi) el juez limita la extensión del contraexamen u “objeta” preguntas de este; vii) no se permite contrainterrogar por temas relacionados con la credibilidad del testigo o su dicho; viii) se niega el derecho a contrainterrogar en audiencias distintas a la de juicio oral, o la imposibilidad de contrainterrogar relativo a las preguntas efectuadas por el ministerio público o el juez. (Ospina, 2011)

Así pues, como bien señala el autor antes citado, pareciera incluso que las técnicas, en este caso siguen siendo mal aplicadas por parte de los operadores jurídicos, y en este caso en concreto, como bien hemos dicho, generando que se viole uno de los principios más importantes, el de contradicción.

Este pareciera un problema profundo, pues en ocasiones pueden encontrar situaciones como en las que el juez de control de garantías, entiende que puede interrogar a testigos, peritos y funcionarios de policía judicial, sin admitir dicha audiencia como pública, en las cuales puedan –y deben- ejercerse cumplidamente las técnicas propias del interrogatorio, contrainterrogatorio u objeciones (Daza, 2005).

Ese mal uso de las técnicas adecuadas en el ejercicio del contrainterrogatorio, hace que se permite que la parte con falta de una adecuada técnica se aleje de la verdad material, pues en palabras de Solórzano:

El saber contrainterrogar al testigo, no es, sin duda, tarea fácil, toda vez que del empleo adecuado de sus técnicas depende en buena medida el éxito o fracaso de su caso; de allí que se diga que el adquirir o desarrollar esta destreza contribuye también al establecimiento o por lo menos aproximación a la verdad material, a partir de la reconstrucción lógica de los hechos. (Solorzáno Garavito, 2005)

Así, sobre el contrainterrogatorio podemos concluir que el mismo, siendo el más complejo de ejecutar técnicamente, y al tiempo el medio más idóneo para poder controvertir lo esbozado por la contraparte, es uno de lo que más presenta problemas, pues sobre el mismo se ciernen limitaciones que no están acordes a la propia técnica misma. Hay que comprender que la etapa de testimonio, y sus consecuentes interrogatorios y contrainterrogatorios, son un momento culmen en el proceso penal, pues por la misma celeridad e inmediación de aquel aporte probatorio, es que se llega a una comunicación directa de la verdad esperada al juez (Sarduy Gálvez, 2014).

2.4.- Redirecto - Recontradirecto.

Sobre este punto, pareciera que tampoco se requiriese extrema atención, no por ser menos importante o carente de técnica, que no es así, sino porque el interrogatorio redirecto y recontradirecto, son los derechos que les asisten a las partes de interrogar luego del contrainterrogatorio (redirecto) y luego del redirecto (reconectradirecto), cada uno con el fin de aclarar los puntos sensibles que han sido atacados en cada intervención de parte.

La ley procesal vigente estima, en el artículo 391, incisos 3 y 4, al redirecto y recontradirecto, respectivamente así:

Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.

Así, básicamente, la finalidad del interrogatorio redirecto es la de rehabilitar la imagen del testigo que ha sido desacreditado a través del ejercicio del contrainterrogatorio, convirtiéndose entonces en un dialogo entre las teorías de defensa y fiscalía, por intermedio del testigo. Contrariamente pues, el recontradirecto, es el ejercicio de quien habiendo hecho uso del contrainterrogatorio, cree que su contra parte ha logrado rehabilitar la imagen del testigo, mediante el redirecto y emprende la tarea de volver a desacreditarlo (Solorzáno Garavito, 2005). Ha de hacerse la claridad que sobre los mismos versan las reglas antes mencionados para interrogatorio y contrainterrogatorio, de manera que solamente pueden hacerse preguntas relacionadas con los temas que fueron materia en el contrainterrogatorio y en redirecto, como antes se dijera.

2.5.- Objeciones – Oposiciones.

Ahora bien, cuando nos referimos a las objeciones u oposiciones, como las llama la ley 906 de 2004, debemos entender que estas son herramientas que tienen las partes para limitar el uso de preguntas incorrectas en el juicio. Dice el artículo 395 que:

Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.

Así pues, tenemos que las oposiciones tendrán lugar cuando sean irrespetadas las reglas del interrogatorio, ya antes enunciadas. La doctrina las entiende de la siguiente forma:

La oposición es un límite a la posibilidad de interrogar o contrainterrogar por violación de una regla técnica, como repetición de una pregunta dentro del mismo interrogatorio, formulación de preguntas argumentativas, complejas, capciosas, especulativas, ambiguas, que impliquen una opinión personal del testigo, que se refieran a hechos sobre los cuales el testigo no tiene conocimiento, que impliquen violación del secreto profesional o que ya hayan sido formuladas y no hayan sido contestadas. (Restrepo, 2005)

A pesar de lo anterior, pareciera que, según Solórzano, también pueden efectuar oposiciones a las respuestas dadas por los testigos, en casos donde no se correspondan éstas a la pregunta formulada o han sido dadas por quien no tiene la condición para emitirla. Pueden resumirse en que: 1. La respuesta es irrelevante, no te relación con la pregunta; 2. El testimonio es de oídas; 3. Existen reservas en relación con el secreto profesional; 4. No se trata de un testigo técnico; 5. O, siendo testigo técnico excede el campo de su ciencia, arte o técnica. (Solorzáno Garavito, 2005 Pag. 139-168).

Limitar entonces el ejercicio del interrogatorio y del contrainterrogatorio por fuera de las técnicas, pareciera que se convierte en una afrenta con el correcto funcionamiento propio del sistema acusatorio, en tanto es el principio de contradicción y en consecuencia el derecho al debido proceso y de defensa en últimas, los que se ven irremediablemente afectados.

No puede entonces pretenderse que las mismas sean inválidamente limitadas o erróneamente usadas y que el juicio pueda conllevar a buen término, en cuanto a la obtención de la verdad, de forma eficaz y rápida, pues son las oposiciones las que desde una orilla, permiten la limitación a preguntas que mueven deliberadamente a errores o que respuestas así mismo lo hagan, al tiempo que por medio de estos usos desleales de la oposición, se pierda celeridad en el proceso.

De dicha aplicación se tiene que:

Las oposiciones requieren un manejo impecable, técnico y oportuno; la investigación demostró que la fiscalía las maneja adecuadamente en un 69% y la defensa en un 44%. La mayor fortaleza del acusador está en presentar oportunamente las oposiciones, lo que le permite defender sus intereses e indicar que está atento al desarrollo del juicio, siendo esto de mayor importancia, pues no se dejan pasar temas que podrían afectar los intereses en la contienda procesal. Pero resulta lamentable que en algunos casos, por el no uso de las oposiciones, se impida que el juez tenga conocimiento de situaciones que no están a favor de quien debe oponerse.(Cortés Velasco, 2012).

3.- Conclusiones

Hasta aquí, hemos estudiado las generalidades del Sistema Penal Acusatorio, aplicado en Colombia y del mismo podemos decir que en efecto, en su estructura, desde sus principios marca un nuevo precedente, sobre todo porque en él adquieren especial importancia y significado la oralidad, la publicidad, la celeridad y la contradicción en dicho molde procesal.

Haber establecido este tipo de proceso, indica que al incluir nuevos principios, así mismo se redefinen los roles procesales, pues como hemos dicho, la responsabilidad del juez es llevar, mediante la apreciación y valoración de las pruebas presentadas por las partes, a la verdad judicial esperada, la cual debe ser decretada desde la imparcialidad.

Así, por lo anterior, ya el juez ha perdido la capacidad de dictar pruebas de oficio, y se traslada toda la iniciativa probatoria a las partes, son estas las que se encuentran obligadas a, por medio de la adecuada técnica, llevar al juez al convencimiento sobre su teoría del caso.

Es indispensable entender ese nuevo rol de las partes, pues ya no solo trata – como fuera en vigencia de la ley 600 – de la valoración de las pruebas o de presentar lo que se conocía como prueba reina, sino de recabar, exhibir y sustentar el debido material probatorio que sea útil y necesario para la resolución del caso. Allí aparecen pues las técnicas de juicio oral, más específicamente cuando se entra un momento culmen del sistema acusatorio, como lo es el de los interrogatorios y las intervenciones orales de los participantes en su diligencia más emblemática: el juicio oral.

Como dijimos, este momento culmen se da en tanto es un ejercicio dialectico para la construcción o deducción de la verdad, a partir de los supuestos presentados por las partes.

Especialmente, tal dialogo entre las mismas se presenta en el interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto y recontradirecto, pues es allí donde, por medio del testigo y de las preguntas a este realizadas, que se informa realmente al juez sobre los hechos en que se basa el caso presentado por las partes y se depura dicha información. Misma situación aplica para las oposiciones presentadas en esas ocasiones, pues es con ellas que se hace control al ejercicio equivocado de la contraparte, haciendo valer el principio de lealtad y contradicción.

Para resaltar la importancia de dichas técnicas en medio de ese tipo de proceso, basta decir que con los datos presentados hace falta capacitaci ón a los operadores jurídicos acerca de los buenos usos de las técnicas de juicio oral, pues se están desperdiciando oportunidades valiosas para hacer presentaciones de casos y material probatorio más serio y contundente. La calidad de los procesos, depende pues de la aplicación de dichas técnicas, hasta ahora mal aprovechadas por los operadores jurídicos en Colombia.

Bibliografía

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domingo, 1 de octubre de 2017

10 Novedades del nuevo Código de las Familias de Bolivia

El pilar sobre el que se sostiene cualquier Estado es la familia. Este núcleo está conformado por “personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas, emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas”, como detalla el artículo 2 del nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar.

En el afán de sintetizar algunos de los artículos más importantes de dicho documento, Cambio ofrece este decálogo, que tiene un fin orientador y de difusión del contenido de la Ley 603.

UTILIDAD: Derecho comparado, Derecho Familiar Boliviano

CONTENIDO:

1.-       SOBRE LOS APELLIDOS

2.-       DIVORCIOS

3.-       ASISTENCIA FAMILIAR

4.-       DE LAS PENSIONES (Asistencia Familiar)

5.-       UNIÓN LIBRE

6.-       EMANCIPACIÓN

7.-       FILIACIÓN

8.-       LAS FAMILIAS (Varios tipos de familia)

9.-       MATRIMONIO

10.-     JUECES

1.- SOBRE LOS APELLIDOS

El artículo 15 del nuevo Código de las Familias establece la libre elección del orden de los apellidos, por mutuo acuerdo entre los progenitores. Las madres o padres solteros podrán realizar la filiación a sola indicación del nombre de uno de ellos.

“El Servicio de Registro Cívico hará conocer la filiación a la persona indicada como padre o madre en su último domicilio consignado; en caso de desconocerse (...) esto no invalida la filiación por indicación. La persona indicada tiene derecho a la acción de negación en la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la vigencia de la filiación registrada”, se detalla en el inciso II del mismo artículo.

2.- DIVORCIOS

Otro de los alcances del Código de las Familias es la “desjudicialización” del divorcio de mutuo acuerdo, en casos en los que no existan bienes gananciales ni hijos o éstos sean mayores de 25 años.

En ese sentido, se eliminan las causales que motivaban el divorcio y se establece como único requisito la afectación al proyecto de vida en común, según lo mencionado en el artículo 206 de la ley.

3.- ASISTENCIA FAMILIAR

Antes de que la Ley 603 entre en vigencia, la asistencia familiar era entregada solo hasta que el hijo cumplía 18 años, pero, gracias al nuevo Código, el rango de edad para el pago de este beneficio se extendió hasta los 25 años (inciso II del artículo 109, “Contenido y extensión de la asistencia familiar”).

4.- DE LAS PENSIONES (Asistencia Familiar)

El nuevo proceso familiar establece por primera vez una pensión mínima del 20 por ciento del salario básico nacional. Para su control y registro, este monto debe ser depositado en una cuenta bancaria.

En mérito al artículo 126 (“Privilegio y retención de sueldos o salarios”) se autoriza la retención de los sueldos, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de pagos. La última opción ante el incumplimiento es el apremio corporal y la hipoteca legal.

5.- UNIÓN LIBRE

Con la Ley 603 se abolió el concubinato para dar paso a la unión libre, también llamada matrimonio de hecho. Así se suprime el requisito de demostrar la convivencia entre dos personas, pudiéndose hacer de manera conjunta o de forma unilateral.

El inciso I del artículo 137 indica que “el matrimonio y la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado (...). Conllevan iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a las y los hijos adoptados o nacidos de aquellos”.

6.- EMANCIPACIÓN

El Código de las Familias y del Proceso Familiar, en lo referido a la emancipación ante notario de fe pública, en el inciso I del artículo 105, señala que el ciudadano que haya cumplido los 16 años puede “regir su persona y administrar sus bienes”.

En el artículo 107 (“Emancipación ante notario de Fe Pública”) se aclara que “la persona que ha cumplido la edad de dieciséis (16) años puede ser emancipada de quienes tienen la autoridad parental o de su tutora o tutor, o guardadora o guardador siempre que éstos estén de acuerdo, mediante declaración ante la o el notario de fe pública. La o el interesado presentará el testimonio de la misma al Servicio de Registro Cívico”.

7.- FILIACIÓN

En el artículo 28 del documento se especifica que la filiación del hijo podrá realizarse desde el vientre. Asimismo, un progenitor que niega la paternidad deberá cubrir todos los gastos de exámenes de ADN que confirmen o nieguen su posición.

El inciso II del mismo artículo indica que “la filiación de hija o hijo en vientre para beneficio del concebido o concebida, a la madre, al padre o de ambos, se registra ante el Registro Cívico”.

8.- LAS FAMILIAS (Varios tipos de familia)

La Ley 603 reconoce varios tipos de grupos familiares, no sólo la nuclear o tradicional, que suele estar conformada por el papá, la mamá y los hijos.

Por ejemplo, en el inciso I del artículo 4 (“Protección de las familias y el rol del Estado”) se indica que “el Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus miembros”.

En el inciso IV del mismo artículo se añade que “las familias que no estén bajo la responsabilidad de la madre, padre o de ambos y que estén integradas por diversos miembros de ella gozan de igual reconocimiento y protección del Estado”.

9.- MATRIMONIO

Un apartado que tiene relación con el punto antes mencionado es el del matrimonio y la edad mínima para contraerlo. En el inciso I del artículo 139 del documento se especifica: “La persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre una vez cumplida la mayoría de edad (18 años)”.

A pesar de lo mencionado, “de manera excepcional, se podrá constituir matrimonio o unión libre a los 16 años cumplidos, siempre que se cuente con la autorización escrita de quienes ejercen la autoridad parental, o quien tenga la tutela o la guarda, o a falta de éstos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es válida la autorización verbal”, dice el inciso II del mismo artículo.

10.- JUECES

En cuanto a su labor, los jueces se encargarán de la administración de todos los actos procesales y tendrán la facultad de actuar de oficio, además de implementar el contenido del presente sistema procesal, de manera oral en materia familiar.

“La autoridad judicial podrá ordenar de oficio o a pedido de parte, el reconocimiento judicial de lugares o cosas y la concurrencia de peritos y testigos a la audiencia...”, se lee en el artículo 352 de la Ley 603, uno de los cuales especifica las atribuciones de las autoridades judiciales en la implementación del nuevo Código de las Familias.

sábado, 12 de agosto de 2017

¿Qué es el principio de objetividad?

Sobre el tema, ORE GUARDIA, anota:“Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para la defensa. Es decir sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les permita, en ciertos casos, incluso no acusar.”

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CONTENIDO:

1.-         UNA APROXIMACIÓN AL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

2.-         EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN EL PANORAMA PROCESAL PENAL CONTEMPORÁNEO.

3.-         EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en el CODIGO PROCESAL PENAL PERUANO.

4.-         ASPECTOS  GENERALES RESPECTO al  CUESTIONAMIENTO del PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

1.- UNA APROXIMACIÓN AL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

Desde una perspectiva general, por el Principio de Objetividad, el Fiscal tiene que propender a conseguir no solo los elementos de cargo contra un imputado, sino también los elementos de eventual descargo que pudieran existir, a partir de los actos de investigación que disponga realizar. Ello implica igualmente, que la decisión que tome el Fiscal al término de las investigaciones preliminares o de la Investigación Preparatoria, tiene que corresponder objetivamente a dichos elementos probatorios, indicios y evidencias, que sustenten o que enerven los cargos imputados. El Fiscal no puede pues, tomar una decisión arbitraria, su criterio discrecional debe reflejar el resultado de las investigaciones, ya sea que estos abonen a favor de la hipótesis incriminatoria del imputado o en contra de la misma. El Principio de Objetividad, en tal sentido, se encuentra profundamente ligado y se explica en razón a su relación y correspondencia, con los otros Principios que rigen la labor fiscal, tales como el Principio de Legalidad, de Razonabilidad, de interdicción de la arbitrariedad y del Debido Proceso..

Ello, obliga, a que para cumplir con la función que le ha sido conferida, como titular de la acción penal y director del proceso de investigación, el Fiscal deba realizar todas las diligencias necesarias para determinar plenamente los hechos y la responsabilidad o no del imputado. Como señala ROXIN: “debe investigar también las circunstancias que sirvan de descargo.(..) “La Fiscalía tiene que averiguar los hechos; para ello, tiene que reunir con el mismo empeño, tanto los elementos de cargo como los de descargo.”[1]

Sobre el tema, ORE GUARDIA, anota:

“Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para la defensa. Es decir sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les permita, en ciertos casos, incluso no acusar.”

En tal sentido, “el acusador público tiene el deber de ser objetivo, lo que significa que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a las pruebas y al derecho vigente, resulte ello contrario o favorable al imputado. No es un acusador a ultranza, sus requerimientos estarán orientados por lo que en derecho corresponda, pues sólo así cumplirá con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de la legalidad.”[2]]

Desarrollando este punto, NEYRA FLORES, siguiendo a DUCE Mauricio, considera que este principio tendría 3 alcances concretos:

1.- El Ministerio Público debe corroborar las hipótesis fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad pausibles y serias, argumentadas por la defensa.

2.- Significa un deber de lealtad del Ministerio Público para con la defensa.

3.- Significa un deber de actuar de buena fe, por parte del MP, no solo al inicio de la investigación, sino durante todo el procedimiento; lo cual implica también disponer las diligencias concretas que deben llevarse a cabo en atención al principio de Objetividad.

Y finalmente recalca: “El Fiscal debe indagar no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado.”[3]

Por su parte, CERDA SAN MARTIN resume:

“En el ámbito penal el Ministerio Pùblico asume la conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a hacerlo con OBJETIVIDAD, esto es, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.”[4]

2.- EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN EL PANORAMA PROCESAL PENAL CONTEMPORÁNEO.

Un comentario de Carmen CUADRADO SALINAS, con relación al código que instruye la labor del Ministerio Público en el proceso penal inglés, nos permite apreciar la casi universalidad del Principio de Objetividad, en el panorama procesal penal contemporaneo, cuando nos señala que conforme al Artículo 2.2 del citado código: “la decisión de plantear una pretensión acusatoria contra un determinado sujeto es una cuestión de indudable trascendencia que deberá estar guiada por los principios de objetividad, independencia y equidad. En este sentido, se exige al Ministerio Público que evalúe el asunto, en concreto, aplicando a su decisión, sobre la persecución penal del autor del delito, el doble criterio de la suficiencia de indicios racionales de criminalidad y el interés público recogido en el citado código.”[5]

En este orden de ideas, siguiendo las directrices y recomendaciones de las NACIONES UNIDAS,dictadas en el 8vo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delicuente, realizado en la Habana-Cuba en 1990, en su Artículo 13 B, el Fiscal debe proteger el interés público, actuando con objetividad y teniendo en consideración: “tanto la situación del acusado como la de la víctima y todas las circunstancias del acusado ya sean éstas exoneradoras o incriminatorias.”[6].

3.- EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en el CODIGO PROCESAL PENAL PERUANO.

El Principio de Objetividad se encuentra presente, tanto en el Título Preliminar de nuestro CPP, como en los capítulos referidos a las diferentes etapas del proceso, conjuntamente con los otros Principios mencionados.

El Título Preliminar, Artículo IV, numeral 2, alude directamente a este principio, en el sentido en que lo acabamos de apreciar, en los autores arriba mencionados, cuando establece directamente lo siguiente: “El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.” Siendo importante apreciar que esta norma, al igual que todas las otras del Título Preliminar, tiene prevalencia sobre cualquier otra norma del CPP y constituye además fundamento de interpretación del mismo, para los casos que fuere necesario.

Ello se reitera en el Artículo 61 de nuestra norma adjetiva, en donde el numeral 1 establece expresamente que el Fiscal desarrolla su labor con autonomía, rigiéndose por un criterio objetivo, el cual únicamente se encuentra sujeto a la Constitución y la Ley; ello quiere decir que la discrecionalidad del Fiscal, debe en todo caso ceñirse a la objetividad (a lo que fluye de los actos de investigación realizados) y al marco establecido por nuestra norma fundamental y los códigos y normas correspondientes , no puede ser arbitrario. Sin embargo, es el numeral 2 de este mismo artículo, el que precisa en qué consiste la objetividad de la labor fiscal, cuando dice que el Ministerio Público: “Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado.”

.

EN EL TITULO PRELIMINAR del CPP.

– ARTICULO IV- Titular de la acción penal.

1.- El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.

2.- El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

– ARTICULO X.- Prevalencia de las normas de este Título.

Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas com fundamentos de interpretación.

EN EL PROCESO y LAS DISTINTAS ETAPAS que señala el CPP.

SECCION IV

CAPITULO I. El Ministerio Público.

Artículo 61.-

1.- El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuoicio de las directivas o instrucciones de caracter general que emita la Fiscalía de la Nación.

2.- Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez, las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.

Artículo 321.-

1.- La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa.

Artículo 334.-

1.- Si el Fiscal al calificar la denuncia o despues de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notificará al denunciante y al denunciado.

En la FORMALIZACION de la INVESTIGACION PREPARATORIA-

Artículo 336.-

1.- Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha indidualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria.

En la ETAPA INTERMEDIA

Artículo 344.- Decisión del Ministerio Público.

1. Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.

En el JUZGAMIENTO.

Si bien el Fiscal, una vez que formalizó INVESTIGACION PREPARATORIA y más aún cuando dictó ACUSACION contra el procesado, ya tomó una decisión que lo convierte en acusador, con una teoría del caso en contra del imputado; aún así, en la etapa intermedia y en el mismo Juzgamiento, su actuación no puede ignorar los Principios de Legalidad, del Debido Proceso y de Objetividad; lo cual se corresponde con sus obligaciones como defensor de aquellos mismos valores y garantías en el estado democrático de derecho, los cuales no admiten la arbitrariedad. (Que es lo arbitrario? Es lo no legítimo, lo no legal, lo contrario a la realidad, conforme lo han señalado entre otros el mismo TC).

Por ello, se explica, que aún en la etapa del Juzgamiento, el Código Procesal Penal, prevé posibilidades y otorga facultades al Ministerio Público, que sin duda alguna se explican, entre otros, en razón a los Principios de Legalidad y de Objetividad, y más aún en razón al macro principio del Debido Proceso, cuando establece lo siguiente:

Artículo 387.- Alegato Oral del Fiscal.

1.- El Fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando los hechos probados y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena y reparación civil que solicita.

2.- Si el Fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en la acusación escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación civil. De igual manera, en mérito a la prueba actuada en el juicio, puede solicitar la imposición de una emdida de seguridad, siempre que sobre ese extremo se hubiera producido el debate contradictorio correspondiente.

3.- El Fiscal en ese acto, podrá efectuar la correción de simples errores materiales o incluir alguna circunstancia, siempre que no modifique esencialmente la imputación ni provoque indefensión y, sin que sea considerada una actuación complementaria.

4.- Si el Fiscal considera, que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación.

4.- ASPECTOS GENERALES RESPECTO al CUESTIONAMIENTO del PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD.

Existen críticas que se han hecho y se siguen haciendo contra la vigencia del Principio de Objetividad del Fiscal, en el modelo acusatorio, en algunos sectores del panorama internacional.[7] Siendo este un artículo de difusión, no podemos extendernos demasiado, respecto a tales objeciones. Sin embargo, creemos importante –opinar- que correctamente entendido, el Principio de Objetividad, no constituye un lastre del modelo inquisitivo en el nuevo modelo procesal penal, como algunos arguyen[8]. Consideramos esto, resumidamente, por lo siguiente:

1.- Por cuanto, conforme lo vienen señalando diversos estudiosos, no se puede pretender un modelo procesal absolutamente puro o inmaculado[9]; la realidad en que se dan los fenómenos y conflictos jurídicos es compleja y todo modelo procesal no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento, que debe estar adaptado a la realidad histórica, cultural e incluso a la idiosincrasia de una sociedad determinada; siendo que en el derecho procesal penal, no se puede pretender un modelo adversarial puro. Desde esta perspectiva, la construcción de un modelo procesal adecuado, se dará dentro del desarrollo mismo de ese modelo en curso, en cuyo camino se irán decantando y deberán darse las necesarias correcciones, conforme la realidad lo exija.

2. Partiendo de este punto, creemos que siendo nuestro modelo procesal penal un modelo no solo adversarial sino garantista, debemos entender que a partir de los principios establecidos en nuestra Constitución Política del Estado que señalan entre otros a la defensa de la persona como fin máximo de la sociedad, así como la vigencia de principios y macro garantías como el de Presunción de Inocencia, de Legalidad y Debido Proceso, el Ministerio Público como órgano autónomo encargado de la persecución del delito, pero también precisamente de la tutela de la legalidad y del debido proceso, no puede ser un ente ajeno a las directrices establecidas por nuestra norma fundamental, que obligan a sujetarse en todo momento a esas grandes garantías, lo cual tiene íntima y rotunda ligazón con el Principio de proscripción o Interdicción de la Arbitrariedad, que debe guiar la labor fiscal, conforme ha sido recalcado por reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Es por ello, que, en ningún momento el accionar del Ministerio Público puede apartarse de la objetividad, ni ser intransigente con la realidad, sino completamente ceñido a lo que fluye de los actos de investigación. Desde esta perspectiva, cuando la norma dice: que el fiscal debe averiguar tanto los elementos de cargo como de descargo del imputado, ello se traduce y se patentiza sobre todo, en el momento de la decisión que debe asumir el Ministerio Público, esto es al final de la etapa preliminar o de la investigación preparatoria, pues entonces la decisión del fiscal debe regirse absolutamente por un criterio objetivo, racional y razonable, de ver si se cumplen o no los requisitos para proceder con la imputación o la acusación en la etapa que sigue, lo cual sólo se puede hacer si objetivamente aparecen elementos de convicción y por ende existe base suficiente para ello.

3. Asimismo, debe tenerse muy presente la naturaleza necesariamente pública y social del derecho procesal penal[10]. Un derecho de esta naturaleza, requiere de un órgano acusatorio objetivo, en el sentido de que su accionar y sus decisiones deben encontrarse plenamente ceñidos a la legalidad, a la defensa de la sociedad y a los derechos fundamentales. El carácter público y el interés social que subsisten, por su propia naturaleza, en el derecho penal y procesal penal, le imponen al Estado, al proceso y al Ministerio Público tales obligaciones. Y ello no significa, que la Fiscalía asuma el carácter de ser dueña de la verdad o se pretenda alterar la igualdad de armas con relación a la defensa particular de cada imputado, puesto que la norma procesal no puede considerar ni establece que los resultados de la investigación fiscal, tengan el carácter de verdad, ni absoluta ni relativa, ni material, ni legal; son sencillamente requerimientos que el Ministerio Público como director de la investigación formula, con carácter postulatorio, pero debidamente fundamentado, para que el Juez en uso de sus atribuciones resuelva lo que corresponda, a partir de lo que si es verdaderamente decisivo: la actuación de la prueba, el debate probatorio y el uso de la sana crítica. Siendo que en la fase del juicio oral, el Ministerio Público es solo una parte más, en las audiencias que dirige el Juez, como se verifica, todos los días, en los fallos judiciales, que se dictan en el nuevo modelo procesal.

4.- Por último, desde una perspectiva axiológica, relacionada a los fines y valores del proceso de investigación y del derecho[11]; no se puede renunciar a aspirar a llegar a la verdad como fin último del proceso; no se puede pretender entronizar el criterio, que nace de una visión absolutista del modelo adversarial, de que existan tantas verdades como partes puedan haber en un proceso. La verdad al menos legal o procesal, por no aludir a la verdad material de los hechos, solo es y puede ser una sola; el proceso debe tender a lograr el mayor grado de aproximación a dicha verdad, a través de la actuación de la prueba. De lo contrario, estaríamos renunciando a lo que es el fundamento máximo de toda la actividad procesal: alcanzar la justicia; lograr que el Juez arribe a lo que es justo a través de un debido proceso, y como consecuencia de ello brindar a las partes y a la sociedad la debida tutela jurisdiccional; meta y valor, garantía y principio, asì como derecho subjetivo, plenamente consagrado por nuestra Constitución Política del Estado. En esta perspectiva, encuentran igualmente su explicación, las tareas que la objetividad impone al Ministerio Público, como director de la investigación, en los diversos artículos del Código Procesal Penal.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS.


[1] ROXIN, Claus: DERECHO PROCESAL PENAL, Editores del Puerto SRL, Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela Cordoba y Daniel Pastor, revisada por Julio Maier; Buenos Aires, Tercera Reimpresión, 2006, pp. 53 y 330.

[2] ORE GUARDIA, Arsenio: MANUAL de DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I, Editorial REFORMA, Lima, diciembre 2011, pp.302-303.

[3] NEYRA FLORES, José: MANUAL del NUEVO PROCESO PENAL, Idemsa, Lima, 2010, pp.229-235.

[4] CERDA SAN MARTIN, Rodrigo: EL NUEVO PROCESO PENAL, Editorial Grijley, Lima, 2011, pp. 210.

[5] CUADRADO SALINAS, Carmen: LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL, Ediciones LA LEY, Madrid, febrero 2010, pp. 303.

[6] CUADRADO SALINAS, Carmen: ibid, pp. 308-309: “Tales directrices han sido formuladas, según establece el Documento de las Naciones Unidas, para asesorar a los Estados miembros en su deber de garantizar y promover la efectividad, imparcialidad y objetividad del órgano de la acusación pública en los procedimientos penales, y deberán ser respetadas y consideradas por los Gobiernos dentro del marco de sus legislaciones nacionales. Vid.Report of the Eigth United Nation Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. U.N.doc. A/CONF.144/28Rev.1 at 189 de 1990.”

[7] Por ejemplo: MIRANDA MORALES, Lorenzo Ignacio: EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD en la INVESTIGACION FISCAL y EL PROCESO PENAL- UNA REFORMA URGENTE; en REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS PENALES Nº15, UNIVERSIDAD DE SAN SEBASTIAN, CHILE, 2010, pp. 35-53. Nos dice entre otros conceptos críticos: “al investir a la fiscalía como garante de la verdad y la objetividad, se altera la igualdad de armas respecto de la defensa, confiriendo a la prueba del Ministerio Público una calidad que en efecto no tiene.”(…) “al imponerse a los fiscales la obligación de investigar los hechos que determinen la existencia y participación en un delito, como asimismo los que establezcan la inocencia del imputado, (se) constituye una verdadera vulneración del principio de inocencia consagrado en Tratados Internacionales, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, ya que la inocencia se presume de derecho, sin que sea necesaria prueba alguna ni aún indiciaria para ello.” (…) “le dan a las pruebas obtenidas durante la instrucción por el órgano persecutor, un ropaje de pureza, equidad y objetividad que la hacen en muchos casos, incontrarrestables por la defensa, particularmente cuando pueda existir alguna duda, caso en el cual ésta favorecería a la fiscalía, imbuida en tan altos principios de actuación. A contrario sensu, la prueba de las defensas carece de estas características, se trata –ante los ojos de la comunidad y de los jueces- simplemente de prueba exculpatoria, que no ha sido obtenida ni será producida a la luz de una pretendida objetividad, que obligaría al defensor a exponer con igual celo no sólo aquello que exculpe al acusado sino también, aquello que establezca o agrave su responsabilidad y cuyo fin último no es entendido como la protección de un bien jurídico de interés común, sino como la defensa del delincuente frente a la comunidad.”(…)”En la práctica, la existencia del ya tantas veces mencionado principio de objetividad, ha venido a significar el establecimiento de pruebas de primera y segunda categoría en el juicio penal, lo que provoca una notable desigualdad de armas que redunda en la afectación del principio de inocencia, aunque no se haya buscado tal efecto. Como no concluir aquello, si para el juez y para todos los actores, el Ministerio Público ha investigado con objetividad y por tanto si ha tomado la decisión de acusar al imputado y llevarlo a juicio oral, es porque la prueba reunida es de la máxima pureza y ha sido sometida por el propio fiscal, apegado a la constitución y a la ley, a un pre-examen de verdad, todo lo cual redunda en que sea el imputado el encargado de probar su inocencia.”

[8] Igualmente: AHUMADA, Carolina: EL FIN DEL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD y LOS NUEVOS DESAFIOS DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Revista: PENSAMIENTO PENAL, Edición 158, 05 de agosto del 2013, pp. 1-15.

[9] ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, op cit, pp.19, nos recuerda: “Calificar hoy de inquisitivo un modelo o de acusatorio o adversarial, carece de sentido, en tanto, ni tales conceptos tienen más valor que el pedagógico, como se ha dicho, ni tales elementos pasan de ser otra cosa que referentes históricos con rasgos comunes en muchos aspectos y diferenciados en otros, pero cuya actualización y conjunción ha desembocado en un nuevo proceso que contiene criterios de cada uno de los sistemas que surgieron a lo largo de los siglos. En definitiva, ya es imposible hallar un modelo puro que responda a un determinado sistema y todos ellos son fruto de la combinación, de los que a lo largo de la historia, han ido sucediéndose, madurando y evolucionando.”

[10] ASENCIO MELLADO, José María: Prólogo al libro: LA INVESTIGACION EN EL PROCESO PENAL, de Cuadrado Salinas Carmen, op cit, pp. 20, resalta la importancia de analizar correctamente los modelos procesales penales, y de modo especial el llamado modelo adversarial, ubicando éste último en su significación presente: “revelando que su significación original ha perdido aquél carácter que era propio de un proceso penal y un delito considerados privados y en el que la imparcialidad judicial se garantizaba mediante la abstención del tribunal, su mera presencia pasiva. El reconocimiento del carácter público del delito, del interés social en su persecución, ha puesto en tela de juicio el sentido original del proceso entre adversarios en pie de igualdad, clasista y propia de los poderosos, pues no en vano, como la autora destaca, hunde sus raíces en los enfrentamientos entre nobles, siendo así que la necesaria preservación de la igualdad ha obligado a otorgar al Estado amplios poderes en el marco del proceso penal y, al Juez, algunos en orden a la intervención en la prueba o el control de la investigación o la garantía de los derechos fundamentales.” (El subrayado es nuestro.)

[11] GONZALES ALVAREZ, Roberto: NEOPROCESALISMO- Teoría del Proceso Civil Eficaz; ARA Editores, Lima, 2013, pp. 1058 -1060; nos dice: “…el valor verdad existe en el derecho, que la eficacia, efectividad y eficiencia jurídicas no pueden entenderse sin verdad, en fin, significa elegir el derecho con verdad.”(…) “…si entiendo que el objeto del derecho es la interacción humana eficaz, mi elección, donde apunte, encontrará la verdad en el derecho.”

jueves, 10 de agosto de 2017

EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD EN LA JURISPRUDENCIA BOLIVIANA.

El art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: “Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio”, lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos, en las pruebas y en el contenido de todo lo actuado y acumulado en el cuaderno de investigaciones, con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia de indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1292/2016-S2

Sucre, 5 de diciembre de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  16863-2016-34-AAC

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta., a 420, pronunciada dentro de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por María Paz Warnes contra Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.       Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2016, cursante de fs. 307 a 311,  la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Emergente de un proceso penal a denuncia de su persona, contra Edil Sandoval Barrancos por la presunta comisión del delito de violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades económicas familiares; el Fiscal Departamental, ahora demandado, dictó Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, sin considerar ni valorar elementos de prueba; evaluando algunas alejándose del marco de la razonabilidad y objetividad, sin realizar una sistemática aplicación del adjetivo penal y la Ley 348 del 9 de marzo de 2013, que en el presente caso resulta obligatoria; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados siendo una Resolución carente de fundamento y finalmente confirmando la resolución objetada.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denuncia como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones, citando al efecto, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela declarando nula la Resolución “103/2015” de 5 de noviembre y se disponga emitir una nueva conforme a los fundamentos de la sentencia del Tribunal de garantías.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

En la audiencia pública efectuada el 30 de septiembre 2016, según consta en el acta cursante de fs. 398 a 417 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La abogada de la parte accionante, manifestó: a) La denuncia que se hizo fue por la presunta comisión del delito de violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidad de actividad económica familiar, establecidos en el art. 250 bis. 250 ter, 250 quarter del Código Penal (CP), delitos que provienen de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013; para lo cual, se presentó prueba como el reconocimiento de la unión conyugal libre y partición de bienes, informes periciales que dan cuenta de lo que la pareja tenía; b) El denunciado empezó a disponer los bienes en su beneficio propio, como animales vacunos, porcinos; asimismo, el producto de las dos agropecuarias que son bienes gananciales, aprovechando los recursos en forma personal en el proceso, lo que hizo fue, adjuntar documentación que acredita tener un domicilio, un trabajo desvirtuando los peligros de fuga y además presentó la “Sentencia Constitucional 33/2015” en la que el Juez de garantías le concedió la tutela en un caso similar, pero dicha autoridad anuló la unión conyugal libre y de hecho y también la división y partición de bienes que se había realizado en proceso ordinario; es decir, anuló todo; c) La accionante presentó más prueba, como fotocopias legalizadas de denuncia donde con fotografías se evidencia la existencia del ganado porcino pero después ya no había, así como documentación de bienes muebles, de vehículos, de moto, que luego el denunciado hizo desaparecer; d) La Fiscal de materia que estaba investigando el caso rechazó la denuncia por lo que, se presentó objeción; el Fiscal Departamental la revocó pero nuevamente la Fiscal referida la rechazó, mediante Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, el Fiscal Departamental de Santa Cruz violando derechos fundamentales, realizando una errónea interpretación de la legalidad ordinaria porque no se interpretó conforme a los arts. 6.I y 7.10 de la Ley 348, porque todos estos delitos, modifican el Código Penal y tienen todo un andamiaje en su fundamentación debido a que nacen justamente preservando los derechos de género que tiene las mujeres y que están establecidos en la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales; e) La violencia constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta que causa la muerte sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio o en su economía o en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer; así debe interpretarse; f) Con las pruebas presentadas, quedaba claro que el denunciado, cometió esos delitos haciendo desaparecer los bienes gananciales y aprovechándose del producto de lo que generan las dos agropecuarias pasando por violencia patrimonial y económica que es “..toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y gananciales de la mujer, ocasionan daño o menoscabo de su patrimonio, valores, recursos, controla, limita su ingreso económico y la disposición de los mismos o la priva de los medios indispensables para vivir”; por eso, afirman que hay una errónea interpretación de la legalidad ordinaria por parte de los Fiscales de Materia; g) Tampoco se valoró correctamente la prueba presentada, no se dijo absolutamente nada de la misma, si es verdad o mentira, simplemente se la mencionó, valorarla no es simplemente relatarla; de las declaraciones testificales se tiene que Edil Sandoval Barrancos, es quien se encuentra administrando los bienes y negocios que tienen; con eso ya se demostró el delito de sustracción de utilidades de actividad económica familiar prevista en el art. 250 del CP que establece: “La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad económica familiar”; pero la autoridad demandada no le dio valor a toda esa prueba; consistiendo esa actuación en el acto ilegal denunciado mediante la presente acción; h) La Resolución del Fiscal Departamental, admite que el denunciado vendió el ganado porcino; el 1 de julio de 2015, se presentó más prueba donde se demostraban esos extremos; sin embargo, la autoridad ahora demandada, no se manifestó sobre las mismas; es así que, se hizo mención a pruebas sin evaluarlas, otras que eran testificales tampoco se les otorgó ningún tipo de valoración y otras ni siquiera fueron mencionadas y concluyó haciendo referencia a la Sentencia que emitió el Juez de garantías dentro de una acción de amparo constitucional, en la que concedió la tutela, pero en cuanto al derecho al debido proceso se refiere, en su componente de falta de motivación, pertinencia y congruencia de las resoluciones pero excediendo su competencia y en total desconocimiento de su rol y atribuciones como Juez de garantías, anuló obrados hasta la solicitud de división y partición de bienes gananciales; cuando lo que correspondía era que, si concedió la tutela anule simplemente la Resolución por falta de fundamentación; y debido a esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional expresó: “…llamar la atención al Juez de Garantías por haber excedido sus facultades…”; todo esto en la SCP 1088/2015-S3 de 5 de noviembre; i) La Resolución impugnada mediante la presente acción lesiona el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones; porque, hace referencia a los delitos y manifiesta “no ha probado” o “no ha demostrado”, es este caso debió referirse justamente a los elementos de prueba punto por punto, explicar el por qué se llegó a determinar la resolución; y; j) La jurisprudencia constitucional refiere que las autoridades al momento de fallar, no solo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, sino también a citar las pruebas aportadas, poner en su criterio sobre el valor que le da la misma, luego del contraste y valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Haciendo uso del derecho a la réplica señaló: 1) ¿Cómo no van a ser importantes y pertinentes algunas pruebas?, las pruebas que dieron inicio al proceso, como el informe pericial donde se dice que es lo que tienen, dónde constan todos bienes, el ganado vacuno, etc., para eso había un perito en el proceso, mismo que fue nombrado por orden del Juez; 2) El solo reconocimiento de la unión conyugal, le da derecho a la ahora accionante a la repartición de los bienes gananciales; si en esa tarea se comete un delito, aun estando en trámite la repartición y división de bienes, debe intervenir la justicia penal; 3) Los hechos surgen después de la demanda de reconocimiento de unión libre y de hecho y división de bienes;       4) Reiterando que la resolución del Fiscal demandado, no se encuentra debidamente fundamentada, pues simplemente mencionó sin valorar y en la supuesta fundamentación transcribió los artículos, nada más.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 365 a 370 vta., en audiencia a través de su abogado expresó que: i) La Resolución que se impugna mediante la presente acción tutelar no es la “103” como se menciona sino la 614/2015; ii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, para que se realice la interpretación de la legalidad ordinaria, el accionante debe cumplir ciertos requisitos necesarios si se siente agraviado con los resultados de la interpretación; no basta con señalar cual ley o artículo, la mera relación de los hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; iii) Sobre la falta de valoración de la prueba, es difícil establecer en audiencia una por una las pruebas cursante en el cuaderno de investigación, se deben considerar las útiles y pertinentes que conduzcan a la averiguación de la verdad y no las impertinentes, todo esto en virtud a los      arts. 171, 172, 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iv) Los elementos de prueba reunidos en la fase de la investigación que fueron estimados tanto por la Fiscal de Materia como el Fiscal demandado, al pronunciar las resoluciones, no pueden ser analizadas por el Tribunal, no se puede entrar a valorar la prueba en sí, porque esa facultad es del Ministerio Público, y en virtud a ello emitir una resolución conclusiva, ya sea de imputación o de rechazo como ha sido en el presente caso; v) Se permiten presentar el cuaderno de investigaciones para que vean por cual tipo penal fue admitido, el Ministerio Público investiga hechos, no delitos, pueden denunciar diez tipos penales pero el Ministerio Público ve a cuál de los tipos penales se circunscriben los hechos denunciados; por tanto, solamente fueron admitidos por dos tipos penales, violencia patrimonial y violencia económica, no estando contemplado el delito de sustracción de utilidades de actividad económica, demostrado por el inicio de investigaciones y por la admisión de querella; por lo que no se puede decir, que se vulneró el derecho al debido proceso al no mencionar más delitos; vi) La Resolución impugnada, cumplió a cabalidad con la fundamentación jurídica, fundamentación probatoria, descriptiva, en lo que se han analizado no todos, sino los elementos que vienen al caso, se hizo una correcta valoración, una interpretación de la parte intelectiva; es decir, porque se le dio valor a cada prueba; vii) Es una facultad del Ministerio Público, de acuerdo al art. “301”, imputar si los elementos de convicción son suficientes, o rechazar si no lo son; y la del Fiscal Departamental, confirmar, ratificar o revocar; en el presente caso se ratificó la Resolución Fiscal por insuficiencia de elementos probatorios; y, viii) El Tribunal de garantías no está facultado para valorar pruebas, sino para determinar cómo se vulneraron los derechos; sobre que no se mencionó un tercer delito; pues, no fue informado, se habla de que se valoraron todos los elementos de prueba, pero no era pertinente; se habla de una Sentencia Constitucional que fue adjuntada, que es contradictoria con la Resolución Fiscal Departamental; misma que establece claramente que la “Sentencia Constitucional 1088/2015”, dispuso la nulidad de obrados y la solicitud de “edición” (sic) y partición de bienes gananciales; es decir, confirmó la Resolución del Juez de garantías; actualmente están dilucidando problemas netamente familiares, división y partición de bienes o un delito que no está sancionado; no se debe olvidar que la vía penal es de ultima ratio, no se puede usar indiscriminadamente para beneficios personales, existen las vías correspondientes para hacer valer estos derechos.

Haciendo uso del derecho a la dúplica, manifestó que el informe pericial es de 10 de noviembre de 2014, la denuncia fue el 10 de junio de 2015, se supone que todo dictamen pericial para que sea incorporado a un proceso tiene que cumplir con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal; es decir, tiene que haber una designación de un perito, notificar a la otra parte con los puntos de pericia, para que pueda objetar, no se puede hacer un dictamen pericial anterior a la iniciación de un proceso, es por esa razón por la que, no se valoró, porque es impertinente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Edil Sandoval Barrancos, a través de su abogado expresó: a) La parte accionante se refirió a la Ley 348; sin embargo, el 30 de octubre de 2013, presentó una demanda de reconocimiento de unión conyugal, si hubiesen existido los delitos a los que se hace referencia que se denunciaron el 10 de junio de 2015, pero la pregunta es, ¿por qué no se denunciaron el 9 de marzo de 2013?, si hubiese la comisión del delito, ¿por qué no se accionó está vía?; en consecuencia, se denota que el delito de violencia económica no existió; b) El proceso de unión conyugal o de hecho, tenía competencia el Juez Instructor pero la división y partición de bienes le correspondía al Juez de Partido Mixto de Sentencia; por tanto, el Juez Instructor no era competente para conocer la ruptura de unión conyugal, la división y partición de los bienes gananciales y eso es lo que se demandó, el derecho al Juez natural; c) Dentro de la acción de amparo presentada por su persona, el Juez de garantías, el 11 de mayo de 2015, dictó Sentencia “033”, actuando en el marco de la legalidad; una vez revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Juez de Samaipata fue notificado el 26 de febrero de 2016, cuando ya estaba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, entonces se le presentó al Juez una recusación en el entendido de que ya no era competente para resolver el caso, por mandato de las cartas acordadas, las instructivas y los expediente que tenían que migrar del Juzgado de Partido Mixto que era antes el Juzgado Público de Samaipata ya lo hizo; d) El Juez de Samaipata el 1 de marzo de 2016, emitió una resolución y la remitió al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que resuelva pero éste devolvió a Samaipata; y, Simar Martínez Barrera, Juez, en base a un incidente de nulidad que se promovió dictó resolución excusándose, remitiéndose al Juez de Comarapa pero mediante oficio, Adhemar Fernández Ripalda, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera solicitó a Ricardo Zegarra, remita todos los antecedentes al Tribunal referido y lo que se conoce es que este proceso fue sorteado y le tocó al “Doctor Zenón Rodríguez”; e) Respondiendo a la pregunta de un miembro del Tribunal de garantías, referido a que si nadie había planteado el conflicto de competencia, respondió que el Juez de Samaipata no se declaró incompetente sino que se excusó porque emitió criterio; esto hace a la improcedencia de la presente acción conforme lo señala el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque está pendiente de resolución; es decir, se refiere al principio de subsidiariedad y también existen resoluciones que deben adoptarse y otra de ruptura de unión conyugal que está en curso, ya radicada en el Juzgado de Samaipata, que es en definitiva donde se debe resolver, porque no se puede resolver división y partición de bienes en la vía penal, la unión está reconocida, lo que tiene que demandarse es su ruptura y comprobación de bienes gananciales; f) Después de que se interpuso la acción de amparo constitucional, el 11 de mayo de 2015; el 10 de junio del mismo año, se formuló la demanda y se pretende hacer valer documentos que están anulados; g) Adjuntan la “SC 1088/2015” en la que se concede la tutela a Edil Sandoval Barrancos porque se vulneró el derecho al juez natural y establecen de manera clara a lo que deben someterse las partes; es al art. 421 del Código de las Familias (CF), en cuanto a la partición y división de bienes gananciales; es un proceso ordinario y debe sustanciarse ante el Juez de Partido. En consecuencia, ante la existencia de resoluciones pendientes de resolución, solicitó se deniegue la tutela.

Haciendo uso nuevamente de la palabra, expresó: 1) Según la parte denunciante, Edil Sandoval Barrancos, tiene un inmueble de más de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), que está en poder de la hoy accionante; existe un crédito cuya certificación se presentó que él también está pagando, crédito con el que construyeron su propia vivienda; existe una propiedad agrícola que también está en poder de ella, por lo que se preguntan, ¿de qué violencia habla?; y, 2) El legislador estableció que la acción penal es de última ratio, es por eso que debe agotarse primero la instancia familiar para luego proceder a la división y partición de bienes, siempre y cuando, los bienes que les corresponde sea en la proporción y derechos que a cada uno de los cónyuges ostente; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías a través de la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta. a 420, concedió la tutela solicitada; dejando sin efecto la Resolución 614/2015 de 5 de noviembre, dictada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, debiendo éste dictar una nueva, que contemple todo lo observado respecto a la valoración de la prueba, haciendo una valoración intelectiva de la misma; asimismo, fundamentar su resolución y dar respuesta respecto al delito de sustracción de utilidades y actividad económica y familiar; en base a los siguientes fundamentos: i) En la Resolución cuestionada 614/2015, se ve que el Fiscal Departamental hizo una valoración descriptiva; tomándose en cuenta solamente la prueba descrita, que son elementos de la fase preliminar; en otro acápite dice valoración de los elementos de convicción en relación al hecho; además hay otro, donde dice: “fundamentación probatoria descriptiva, fundamentación probatoria intelectiva”; sin embargo, se observa que la última no valoró el Fiscal de Materia, ni siquiera la prueba que describió en la valoración intelectiva o fundamentación probatoria intelectiva, más bien, entró en una especie de conclusiones directamente, incluso en la descripción hay dos declaraciones de testigos que llevó la accionante que si bien las describió el Fiscal, en la fundamentación intelectiva no dice absolutamente nada; ii) Se habló de elementos, indicios debiendo en consecuencia valorar esos elementos; sin embargo, dicha valoración no se encuentra, no existe fundamentación; es evidente que no pueden hacer la interpretación normativa, porque es competencia del Juez ordinario; por lo que, se manifiestan por la falta de fundamentación, si no hay valoración intelectiva, también significa que no hay fundamentación; ello significa una vulneración al debido proceso en su elemento falta de motivación; iii) En cuanto a la tutela judicial efectiva que se refiere al pronunciamiento respecto al otro delito de sustracción de utilidades de actividades económicas y familiares; al respecto los Fiscales debieron pronunciarse, porque así estaba la denuncia, la querella; debieron dar respuesta del por qué ese delito no podía continuar en la acción penal, dar razones, dar motivos en base a los indicios, en base a los elementos de prueba que hay en esa fase preliminar; entonces ese es otro motivo para conceder la tutela; iv) No se debe conceder la tutela con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria, porque no es su facultad; simplemente la concesión sobre la valoración de la prueba, la falta de fundamentación y la tutela judicial efectiva sobre el no pronunciamiento del delito de sustracción de utilidades y actividades económicas familiares; v) En la resolución cuestionada mediante la presente acción, se encuentra precisamente la falta de valoración y fundamentación del requerimiento fiscal cuestionado teniendo una directa vinculación con el art. 115 de la CPE, referido al derecho al debido proceso, el derecho a una resolución motivada, el derecho a la tutela judicial efectiva; es decir, hay una directa relación con el acto lesivo que se cuestiona que es la Resolución 614/2015, dictada por el Fiscal Departamental; y, vi) Respecto a lo demás, no es pertinente pronunciarse; y, tampoco sobre la Sentencia Constitucional que mencionó el Fiscal Departamental; sin embargo, al margen de ello, podría o no seguir el proceso penal, no están vinculándolo directamente o que dependiera del proceso familiar o de partición de bienes, o que esté dependiendo de cómo se resolvió el amparo constitucional; por otro lado, tampoco se ingresó a la interpretación de los verbos que se refieren a los tipos penales, pues no corresponde.

II.  CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa Resolución de 20 de octubre de 2015, emitida por Heidy Lorena Ugarteche Eguez, Fiscal de Materia, dentro de la denuncia presentada por María Paz Warnes contra Edil Sandoval Barrancos por la presunta comisión del delito de violencia económica y violencia patrimonial; en uso de sus atribuciones conferidas por los arts. 3 y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y arts. 72, 73, 301 y 304 del CPP, dispuso, el rechazo de denuncia debido a que el hecho no existió “en constancia el archivo de obrados, así como lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales 1585/2003-R y 0745/2014-R en sus partes pertinentes en cuanto al razonamiento vinculante referido a los rechazos dispuestos por el Ministerio Público” y en consecuencia el archivo de obrados (fs. 269 a 277).

II.2.  El 22 de octubre de 2015, María Paz Warnes, mediante memorial, objetó el rechazo de denuncia, debido a que la Fiscal de Materia ya citada, “en un signo de desconocimiento de la etapa preliminar no valoró las evidencias ni los elementos que ameritan la participación ni la autoría del delito que se investiga, ya que no toma en cuenta escenario fotográfico de la existencia de bienes, declaración de testigos, informe del asignado e investigador, no contempla que la pena y la sanción para esta clase de delitos se encuentran sancionada con una privativa de libertad de dos años a cuatro años, toda vez que el autor y partícipe del hecho de VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL en su Art. 250 Bis. Inc. a) establece claramente lo siguiente: ‘Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer (caso patético de que el denunciado se encuentra haciendo DESAPARECER los bienes comunes constituyendo un signo de violencia patrimonial y económica. E) Impida que la mujer realice una actividad laboral productiva que le genere ingresos ya que en definitiva del total de los bienes comunes el denunciado se encuentra usufructuando en forma unilateral y de acuerdo a procedimiento según el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, su autoridad en el ejercicio de sus funciones debería ordenar la aprehensión ya que existían suficientes indicios y elementos que es el autor o partícipe del hecho de un delito de acción pública habida cuenta que la sanción privativa de libertad cuyo mínimo es igual o superior a dos años, tendría que haberlo remitido ante el Juez Jurisdiccional en 24 horas a los efectos de que resuelva su situación jurídica y disponga una medida cautelar para evitar la correspondiente obstaculización y el que se someta a proceso, pero más al contrario su autoridad ejerció una competencia jurisdiccional al valorarle supuestamente un domicilio señalado por un informe social, recibos realizados por el mismo denunciado con un domicilio desconocido ya que en una demanda de ruptura unilateral presentada por el mismo denunciado anuncia otro domicilio procesal, el mismo que contradice a su domicilio real ya que este no fue verificado por el asignado al caso, un notario de Fe Pública como así lo determina la Ley y Sentencias Constitucionales, valora familia mediante certificado de nacimiento de mi hija menor Slin Sandoval Paz y trabajo presenta el NIT del negocio que instalamos juntos y pese a que en todo momento de su declaración informativa el denunciado confesó ha demostrado que utiliza los bienes en beneficio propio y sin tomarse en cuenta desconociendo de esta manera mis justos y legítimos derechos, los cuales no pueden ser desmerecidos por su autoridad que con esta actitud solo es cómplice de la vulneración de mis derechos constitucionales y de la violencia económica y patrimonial, por lo que en un signo de parcialización su autoridad ampara y protege más bien a mi agresor de una violencia que está plasmada en la investigación y de la cual su autoridad me desconoce y no me brinda la seguridad jurídica y legal que por ley me corresponde, además de demostrar la ambición de pretender lograr heredar y beneficiarse con documentos relativos a una parcela denominada “Las Cruces” tierras que fueron dadas en herencia a mi señor padre AMANCIO PAZ ARTEAGA, quien a título personal me cede esta parcela de la cual jamás mi denunciado le costó un solo centavo y esto con el único fin de dejarme en la calle como así lo ha manifestado ante todos los pobladores aduciendo de que estoy loca y que no me corresponde nada, lo que es más, es inadmisible que en toda su defensa la nombre a mi sagrada hija Slin Sandoval Paz quien es una menor y el hecho de que una asistencia familiar considerada irrenunciable, imprescriptible no lo exime de la violencia cometida contra mi persona ya que tiene la obligación de hacerlo y su autoridad no puede valorar como medio de defensa el hecho que este señor le pase una pensión de Bs. 1200-

PRIORIDAD El Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

         MEDIDAS DE PROTECCIÓN tienen por objeto por interrumpir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que este se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. Son de aplicación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales económicos y laborales” (sic) (fs. 278 a 280).

II.3. En respuesta a la objeción precedentemente desarrollada, Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, emitió la Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, por la que, ratificó la Resolución de rechazo, disponiendo el archivo de obrados en base a los siguientes fundamentos: a) El derecho penal es de ultima ratio, si la denunciante considera que existe masa patrimonial ganancial que dividir debe ocurrir ante el juez de familia y presentar la acción correspondiente, inclusive puede pedir la anotación preventiva de los bienes del sindicato y la entrega de bienes en calidad de depositaria y si no cuenta con recursos suficientes para su alimentación puede solicitar la pensión familiar, mas no acudir a la vía penal por un hecho que no se subsume penalmente; b) El rol activo del Ministerio Público en el sistema acusatorio, convierte al Fiscal en pilar indispensable del procedimiento penal, en conformidad con su actuación como órgano activo del ejercicio del ius puniendi del Estado, es decir, que en Bolivia el Ministerio Público pasó de ser abstracción legal a un órgano independiente y un actor principal del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la sentencia; c) El art. 21 del CPP, establece la obligatoriedad que tiene la Fiscalía para ejercer la acción penal, tratándose de delitos de orden público; asimismo, se debe tener presente que el art. 6 del mismo cuerpo legal establece que quien acusa un hecho tiene la obligación de probar los extremos de la denuncia; d) El art. 180.I de la Constitución Política del Estado, ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de “Verdad Material” debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, de este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, implica que una persona puede ser sancionada si existen pruebas respecto a su conducta, que hayan sido logradas a través de un procedimiento legal y que hubiera tenido a su alcance los medios requeridos para su defensa, pues a través del procedimiento justo se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos; e) Se debe tener en cuenta que el art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: “Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio”, lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos, en las pruebas y en el contenido de todo lo actuado y acumulado en el cuaderno de investigaciones, con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia de indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación (fs. 286 a 293).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada emitió Resolución 614/15 de 5 de noviembre, sin considerar ni valorar elementos de prueba; valorando algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.    Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

Conforme dispone el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la ley.

Según la disposición contenida en el art. 51 del CPCo, la acción de amparo constitucional, tiene por objeto, garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir.

Este Tribunal, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional,  señaló que ésta se constituye en: “…un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden Constitucional  brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.

III.2.  La motivación de las resoluciones como garantía del debido proceso

La SCP 1628/2014 de 19 de agosto, citando la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sobre el debido proceso estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’”.

III.3.  Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Asimismo, sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por los Fiscales, la SCP 1628/2014 antes citada, tomando la jurisprudencia de la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, precisó: “…los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'.

Entendimiento a ser aplicado cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que se les imputó, razón por la cual el fiscal superior deberá verter el razonamiento jurídico de su decisión sin dejar duda en el justiciable.

Por lo que, la resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias”.

III.4.  Análisis del caso concreto

         La accionante acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada, emitió Resolución 614/15, sin considerar ni valorar elementos de prueba; valoró sólo algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento.

         De los datos que cursan en expediente y que se encuentran resumidos en las Conclusiones del presente Fallo, se evidencia que dentro de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Paz Warnes, ahora accionante, contra Edil Sandoval Barrancos, ahora tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades económicas y familiares; Heydi Lorena Ugarteche Eguez, Fiscal de Materia, emitió Resolución de rechazo de denuncia, el 20 de octubre de 2015, motivo por el que la denunciante presentó objeción, cuya respuesta emitida por Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, se plasmó en la Resolución 614/15; misma que la ahora accionante denuncia como el acto ilegal denunciado a través de la presente acción tutelar.

         En ese marco y entrando al análisis de fondo de la problemática planteada, la accionante denunció que la Resolución 614/15, resultó ser un fallo carente de fundamentación y motivación, en el que no se efectuó la interpretación de la legalidad ordinaria ni se realizó una correcta valoración de la prueba; ahora bien, conforme se tiene de la lectura y análisis de la misma, se evidencia que ésta no guarda una adecuada fundamentación respecto a los hechos y lo resuelto; por cuanto, realiza una relación cronológica de los antecedentes de la causa para luego analizar el cuaderno de investigaciones, limitándose a hacer un listado del contenido del mismo, expresando: “Que revisado el cuaderno de investigaciones se tiene que cursan ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CUYA VALORACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A SU UTILIDAD, PERTINENCIA, LICITUD, OMITIENDO LOS IMPERTINENTES O EXCESIVOS, y sobre esta base debemos determinar si son suficientes o no para destruir el estado de presunción de inocencia en los imputados, a tal efecto y con fines de facilitar el entendimiento de la presente, solo se van a considerar aquellos que tienen relación y relevancia sea con el hecho o sea jurídicamente, dejando a un lado a los excesivos, impertinentes o ilegales…”; asimismo, realizó una valoración superficial de los elementos de convicción y posteriormente se limitó a teorizar aspectos dogmáticos sobre el delito de violencia económica y violencia patrimonial para concluir que, “DE LA LECTURA DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LA NORMA SE HACE EVIDENTE QUE NINGÚN VERBO RECTOR SE ADECUA A LA CONDUCTA DESCRITA POR LA DENUNCIANTE, POR LO QUE LA CONDUCTA DEL IMPUTADO NO SE SUBSUME AL TIPO PENAL DENUNCIADO”; de igual forma, sobre la apreciación de los medios de prueba concluye: “LOS HECHOS DENUNCIADOS, LA PRUEBA APORTADA Y LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA, NO DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LOS ELMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS ILICITOS DENUNCIADOS, ES DECIR LA CONDUCTA DEL DENUNCIADO EDIL SANDOVAL BARRANCOS NO SE SUBSUME A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL.

         Que si bien, es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también por el propio principio de objetividad….”; fundamento incongruente, ya que se refiere a nociones generales que no hacen al caso en estudio y que no puede servir de base para ratificar la Resolución de rechazo de denuncia, dictada por el Fiscal Departamental; de esta forma, la citada autoridad, jerárquicamente superior, hoy demandada, al dictar la Resolución 614/15, no dio cumplimiento al Fundamento Jurídico III.3 del presente Fallo, al haber replicado el relato de lo ya expuesto por los sujetos procesales, realizando exposiciones generales concerniente al delito y normas legales adjetivas que confieren atribuciones a los fiscales, sin emitir criterio propio sobre el caso concreto, eludiendo la responsabilidad que tenía de observar los elementos probatorios presentados, dándole el valor correspondiente a cada uno de ellos para luego contrastar los mismos aplicando las normas jurídicas a resolver, evadiendo así tomar determinaciones arbitrarias; debiendo indefectiblemente, exponer los motivos que sustentan su resolución; para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de tal forma que, el justiciable a momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma; de esta manera, Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, incumplió con la obligación que tiene de observar el debido proceso, tomando en cuenta sus contenidos como son la fundamentación y motivación de las resoluciones; los cuales son la causa en el caso en estudio para conceder la tutela impetrada, al advertirse que no fueron cumplidos por la autoridad demandada.

Con referencia a la falta de valoración de la prueba por parte de la autoridad demandada, la amplia línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional refiere: “Posteriormente, este Tribunal constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, a tiempo de reiterar los entendimientos asumidos por el entonces Tribunal Constitucional, estableció lo siguiente: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional…’.

         Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 'Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).

         Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada” (SCP 0937/2016-S2 de 7 de octubre), requisitos que en el presente caso no fueron cumplidos por la ahora accionante.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, ha efectuado una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta., a 420, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO

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